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En Asunción, Paraguay, el 11 de Mayo, el doctor José María Borja, Procurador del Estado ecuatoriano señaló en Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propuesta de mantener las medidas provisionales a favor del pueblo de Sarayaku y materializar, en un plazo no mayor a 90 días, un acuerdo entre el Estado y la comunidad sobre puntos específicos. El Procurador expresó que el acuerdo sería firmado por el Presidente de la República como muestra de su voluntad para llegar a una solución definitiva sobre los conflictos que originaron de manera urgente el otorgamiento de estas medidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una de las partes en la Audiencia, ratificó que la situación de extrema gravedad del Pueblo de Sarayaku persiste todavía, ya que el Estado no ha cumplido efectivamente con la implementación de las medidas provisionales, por lo que recomendó que la Corte mantenga las mismas.
Por otra parte y, en un hecho que podría crear un precedente histórico para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el Procurador General del Estado señaló que se han detectado anomalías en el contrato entre la petrolera CGC y Petroecuador, en relación directa con la violación de derechos humanos y, por tanto, de la Constitución. Según la Ley de Hidrocarburos, este tipo de violaciones pueden derivar en la terminación del contrato y en la exigencia de cobro de las garantías que el contratista extendió a favor del Estado ecuatoriano.
De acuerdo a lo expresado por el Procurador, la experiencia con la petrolera CGC ratifica la necesidad de que en el futuro los contratos petroleros explícitamente aborden el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y en especial su derecho a ser consultados y previamente informados.
El Ecuador tiene un gobierno nuevo desde el 20 de abril, cuando el entonces Vice Presidente, Alfredo Palacios, asumió la presidencia. El presidente anterior, Lucio Gutiérrez, fue destituido por el Congreso Nacional.
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In Asunción, Paraguay, on May 11, Dr. José María Borja, General Attorney of Ecuador, announced before the Inter-American Court of Human Rights the proposal to maintaing the provisional measures in favor of the Sarayaku people, and to reach, within 90 days, an agreement between the state and the community regarding specific points. The General Attorney stated that the agreement would be signed by the President of the Republic, as a sign of his willingness to reach a final solution to the conflicts that urgently led to the ordering of the provisional measures.
The Inter-American Comission of Human Rights, as one of the parts in the hearing, ratified that the situation of the Sarayaku people still is extremely serious, given that the state has not effectivel fulfilled the implementation of the provisional measures. Therefore, the Comission recommended that the Court would maintain the provisional measures.
For another part, a statement made by the General Attorney of Ecuador may create an historical precedent for the protection of the collective rigths of indigenous people. He indicated that anomalies had been detected in the contract between the oil company CGC and Petroecuador, directly related to the violation of human rights and thus also violation of the constitution. According to the Law of Hydrocarbons, because of this kind of violations the state may terminate the contract and charge the deposits made by the company.
According to the statements by the General Attorney, the experience with the oil company CGC ratifies the need to, in the future, ensure that oil contracts specifically consider the respect of the rights of indigenous peoples, particularly their right to be consulted and informed in advance.
Ecuador has a new government since April 20, when the Vice President, Alfredo Palacios, became president. The previous president, Lucio Gutiérrez, was ousted by the National Congress.
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